En el año 2016 se destaca el funcionamiento de la Mesa de Transparencia convocado por los campesinos y la Personería Municipal, pues ese espacio para discutir los abusos de la fuerza pública funcionó y facilitó la visualización de los hechos victimizantes, además, las comunidades recibían capacitaciones sobre los Derechos Humanos y aunque no todo fue un común acuerdo, se avanzó en evitar que la violencia en tan altas magnitudes se reprodujera.
Dentro de su estructura, llegó a contarse con la presencia de la Gobernación del departamento, la ONU, la Consejería para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Chaparral, la misma comunidad de Las Hermosas, entre otros actores. Aunque para ese mismo año ya no se contaban con quejas por ultrajes y abusos de poder, se presentaron las comunidades para solicitar la legalización de sus predios, ya que, según el diario El Espectador, un aproximado del 50 % de la población no contaba con escrituras, un 20 % tenía autenticada la propiedad y el 30 % restante no contaba con su tierra.
Este también fue el año en el que se suscribió un acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. A raíz de esto, casi la totalidad de las estructuras armadas de este grupo se desmovilizaron, se formularon proyectos para asegurar la reincorporación a la vida civil, garantizar los derechos de las víctimas y, modificar los factores del conflicto y evitar su repetición. Sin embargo, con el transcurrir de este año, las comunidades y líderes sociales en el sur del Tolima han puesto denuncias sobre intentos de secuestro, violencia política y amenazas.