Para este año, el Ejército puso en marcha una estrategia para promover la deserción de integrantes de las FARC-EP y el desmantelamiento de sus campamentos, también, la persecución de las personas que colaboraran o simpatizaran con este grupo en el sur del departamento del Tolima. Aunque esto dio como resultado un número grande de desmovilizaciones y judicializaciones a las personas que contribuyeron con la guerrilla, se prestó para que se llevara a cabo una “cacería de brujas”, es decir, detenciones arbitrarias, violencias selectivas a líderes sociales o a integrantes de movimientos independientes o de oposición política.
Este año fue dentro del accionar del Estado uno agitado. El ingreso de la Fuerza Pública al sur del Tolima, es decir, la militarización de la zona para respaldar y posibilitar la implementación de proyectos hidroeléctricos como el del Río Amoyá llevado a cabo por Isagén. Sin embargo, según los habitantes de estos territorios, esa clase de proyectos impulsaron los desplazamientos forzados de familias. También, la población de estas zonas del país estuvo asediada por hechos de violencia, confrontaciones armadas entre los grupos armados. Ante esto, se sitúa el temor que ocurra algo similar con proyectos como el cañón de Anamichú, el rio Saldaña y en Herrera. (Cf. Informe No. 1, mayo 2019).